La Cámara de Diputados, por unanimidad, aprobó el proyecto de ley de jubilación del 82% móvil impulsado por la Conadu Histórica. El proyecto, que ahora debe pasar por el Senado, beneficia a unos 140.000 docentes universitarios con dedicación simple, semiexclusiva y exclusiva sin investigación.
Permite jubilarse a las mujeres con 60 años y a los hombres con 65 años, que reúnan 25 de servicios, de los cuales diez, como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al frente de alumnos. Tienen derecho al 82% del sueldo del cargo o sumatoria de cargos y dedicaciones desempeñados al cese durante un período mínimo de 60 meses. En el caso de los docentes universitarios que no superen una dedicación máxima de 20 horas y simultáneamente trabajen en otras actividades, el proyecto plantea que a la jubilación por el régimen general se le sumará, por cada año de servicios simultáneos, el 2,7333% del 82% del mejor cargo desempeñado durante los 60 meses en toda la carrera de servicios universitarios. El 2,7333% surge de dividir el 82% por 30 años de aportes.
Un punto polémico, pero muy sentido, se ha incluido también: la opción de jubilación hasta los 70 para aquellos docentes que quieran seguir trabajando.
¿Cómo se llegó a la aprobación de este proyecto de ley?
La reivindicación estuvo ya presente en la gran huelga de 2005. Pero a fines de 2006, luego de la restitución a los investigadores del 85% móvil (aunque no lo cobran) y del 82% móvil a los docentes del resto de los niveles (tampoco lo cobran todos), la Conadu Histórica comenzó una campaña por la jubilación del 82% móvil.
La campaña fue mirada, incluso por algunos docentes, como testimonial. Pocos creían en la posibilidad de arrancarla.
Sin embargo, desarrollamos una lucha prolongada.
Así, el 9 de mayo de 2007, la Conadu Histórica presentó ante la Cámara de Diputados su anteproyecto propio acompañado de miles de firmas de docentes, a las que le seguirían decenas de miles más a lo largo de estos dos años.
Las burocracias de Conadu, Fedun y Ctera impulsaron otro texto, conocido como Ley Filmus, que fue aprobado a fin de ese año por unanimidad en el Senado.
El proyecto Filmus simplemente no daba movilidad ni garantizaba el 82% del salario. Las burocracias oficialistas lo defendieron con el argumento del mejor que nada. La maniobra fue quebrada por el proyecto de Conadu Histórica.
El docente universitario se vino jubilando con porcentajes de entre el 28 y el 48% de sus últimos salarios (considerando que hasta 2005, y según el caso, los salarios tenían hasta un 40% en negro). Una confiscación similar a la que sufren los docentes primarios.
El blanqueo, arrancado fundamentalmente en la gran huelga de 2005, descontó camino, la media sanción de días pasados conduciría al 82% real. Este cóctel duplica la jubilación de un docente en comparación a uno de hace cuatro años atrás. Del proyecto Filmus no quedó nada.
Es una victoria neta de una estrategia de independencia política. El resto lo ha hecho la presión de las poderosas camarillas profesorales prendidas en la conquista: lucha por abajo, crisis por arriba.
Pero la última palabra no está dicha. El 82% va a contrapelo del ajuste del gasto público que plantean el gobierno y la oposición.
Después, viene el cerrojo de la reglamentación o su desnaturalización. La Naranja Nacional docente universitaria hará eje fundamental de este cuatrimestre la aprobación de la ley.
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