La resolución 116/2007 de la Defensoría del pueblo de la Nación, ratificó una denuncia presentada hace tres años por trabajadores de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas, sobre la realización de protocolos clínicos de investigación llevados a cabo por una médica del hospital e investigadora de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), Victoria Soroa, violando reglamentaciones para este tipo de actividad. La resolución prueba: que no se requirió la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la utilización del radio fármaco CFT, que no se acredita su vía de ingreso al país, y que se vulneraron los derechos de los pacientes a la información y aceptación para ser utilizados como sujetos de prueba.
La Defensoría elevó a la Justicia penal la resolución, dando origen a la causa caratulada “delito de acción pública” contra la médica. Simultáneamente cursa comunicación al Rectorado de la UBA: 1) ordenando instruya al director del hospital el cese inmediato de las investigaciones dentro de Medicina Nuclear; 2) solicitud al director del hospital de un informe pormenorizado sobre el protocolo y la remisión de las historias clínicas debidamente certificadas de los pacientes involucrados y, 3) a la ministra de Salud Pública la intervención que le compete. La primera orden llegó tarde, ya habían terminado la investigación. Las dos últimas fueron ignoradas.
Dentro del convenio entre ambas instituciones, UBA y CNEA, se está instalando un equipo de magnitud en Medicina Nuclear del Cínicas (SPECT-CT) adquirido por la CNEA, con fondos provenientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se pretende transformar la utilización de este equipo en una fundación. ¿En provecho de quién? No de los pacientes ni del hospital público.
Persecución contra los trabajadores
En una nota CNEA Nº 120000-143/09, se admite la realización de una “cumbre” entre el rector de la UBA, Rubén Hallú, la presidenta de la CNEA, Norma Boero y el director del hospital, donde “en base al acuerdo entre las partes se decide el traslado de los agentes Roberto Galli (supervisor técnico de Medicina Nuclear, licenciado en imágenes y docente de la Universidad de San Martín), en este caso denunciante, y María Cristina Maceira (supervisora técnica de Tomografía Computada) testigo de la causa de los protocolos. Este hecho no pudo concretarse debido a que la reunión en la que se decide el traslado toma estado público.
No conformes con esto han avanzado sobre los demás integrantes del Centro de Medicina Nuclear del Clínicas, y a esta altura se pretende el traslado de todo el personal, incluyendo a los administrativos.
Estos hechos demuestran la impunidad de las autoridades de más alto nivel contra los trabajadores que ejercen el derecho y el deber de denunciar irregularidades. Este tipo de represalias son parte del alto grado de corrupción del ámbito público. Evidencia una política de privatización y negociados dentro de la Universidad de Buenos Aires, siempre en beneficio de corporaciones privadas que utilizan a la universidad como laboratorio de prueba.
Lo ocurrido en este caso es doblemente grave, ya que dos organismos dependientes del Estado nacional, como la CNEA y el Hospital de Clínicas de la UBA, sostienen este tipo de prácticas, permitiendo que sectores que responden a intereses ligados a las corporaciones de laboratorios medicinales lleven adelante este tipo de investigaciones.
Hoy día, el hospital emblemático de la UBA se encuentra en las peores condiciones de su historia, un edificio prácticamente en ruinas, con carencia de insumos básicos, con toda su aparatología caduca y en mal funcionamiento, que se contrapone con la colocación del nuevo equipo en el centro de medicina nuclear para el cual se proyecta trasladar a todo el personal actual y ponerlo bajo el ala de la medicina privada a través de una fundación.
Reclamamos a la UBA que toda la aparatología esté al servicio de la investigación científica independiente y del diagnóstico gratuito para los pacientes. Basta de fundaciones y medicina privada en la UBA. Exigimos el cese de las persecuciones al personal médico y no médico que denuncia, reclama y lucha contra el vaciamiento y la privatización de la salud.
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